CIUDAD DE MÉXICO.— Rentar una vivienda en la CDMX sin enfrentar aumentos desmedidos, requisitos difíciles de cumplir o amenazas de desalojo es el objetivo de la iniciativa impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La propuesta ha abierto una discusión sobre cómo proteger a quienes necesitan un hogar sin desconocer los derechos de quienes ponen una propiedad en alquiler.
Sin embargo, no todo lo que se presenta como nuevo lo es: el límite de los aumentos ligado a la inflación y la obligación de registrar contratos ya están contemplados en el Código Civil. La discusión ahora pasa por reforzar esas reglas, establecer sanciones y crear herramientas para hacerlas cumplir.
El tope ya existe: lo que cambiaría es cómo se aplica
Desde la reforma publicada el 28 de agosto de 2024, el Código Civil capitalino establece que el incremento anual de la renta habitacional no puede superar la inflación del año anterior. También contempla un registro digital obligatorio de contratos. Por eso, la propuesta de Brugada no inaugura estas obligaciones.
Uno de los cambios planteados es que el límite quede ligado al inmueble y no solamente al contrato. En términos sencillos: cambiar de inquilino no permitiría aumentar libremente el precio de la misma vivienda por encima de la inflación acumulada.
El proyecto contempla multas por incrementos superiores al límite permitido. También prevé excepciones cuando el propietario acredite mejoras sustanciales y obtenga la autorización correspondiente; no bastaría con anunciar una remodelación para justificar cualquier aumento.
Los mitos: no habría rentas congeladas ni un precio único
Brugada ha rechazado que la iniciativa implique congelar los alquileres o quitar propiedades. El planteamiento permite aumentos anuales, pero busca impedir que rebasen el límite establecido.
Tampoco propone que todos los departamentos cuesten lo mismo ni elimina las obligaciones de los inquilinos. Quienes rentan deberán pagar puntualmente, cuidar la vivienda y abstenerse de realizar modificaciones estructurales sin autorización. El Gobierno sostiene que la regulación debe ofrecer certeza a ambas partes.
Menos requisitos y una defensoría gratuita
Otra medida busca evitar la acumulación de garantías para acceder a una vivienda. La intención es que no se exijan al mismo tiempo distintos mecanismos de respaldo que vuelvan imposible rentar, además de reforzar las prohibiciones contra la discriminación.
La principal herramienta de defensa sería la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social. Ofrecería orientación, asesoría jurídica, mediación y conciliación gratuitas tanto a inquilinos como a propietarios, para buscar soluciones antes de que los conflictos lleguen a juicio.
Los contratos deberán constar por escrito y registrarse digitalmente. El proyecto retoma la duración mínima de un año y establece mecanismos de seguimiento y sanción ante incumplimientos.
Desalojos: acompañamiento, no cancelación de las órdenes judiciales
La iniciativa también plantea un Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos. Su función sería proteger a las familias durante estos procedimientos, buscar alternativas habitacionales y canalizar a personas vulnerables hacia programas sociales.
Esto no significa que el Gobierno pueda cancelar las decisiones de los jueces. El objetivo anunciado es que las diligencias sean pacíficas, sin agresiones ni intervención de golpeadores, y que las personas afectadas no queden abandonadas con sus pertenencias en la calle.
Más vivienda y seguimiento a los precios
La regulación forma parte de una política más amplia. El Gobierno capitalino plantea realizar 200 mil acciones de vivienda durante el sexenio, entre construcción, rehabilitación, mejoramiento y ampliación. No se trata de 200 mil casas nuevas.
Además, propone un Observatorio Público de Vivienda para dar seguimiento a los precios del suelo y de las rentas en las 16 alcaldías. La intención es contar con información para evaluar las medidas y atender el desplazamiento de habitantes hacia zonas cada vez más alejadas.
La ofensiva inmobiliaria llega al Congreso
La disputa ya pasó de las declaraciones a la negociación legislativa. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios presentó una propuesta formal de modificaciones, entregada inicialmente al Gobierno capitalino y remitida después al Congreso.
La propia asociación difundió que se abrió un diálogo con cámaras empresariales para revisar los artículos. Esto muestra un esfuerzo organizado del sector para influir en la redacción final.
La disputa también llegó a las redes sociales. La Agencia Gamol, dedicada al marketing digital y a las colaboraciones publicitarias con creadores de contenido, fue señalada por ofrecer participaciones pagadas en alianza con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). Los mensajes fueron señalados como parte de una campaña para impulsar videos contra la iniciativa de rentas justas, mediante contenidos alarmistas que buscarían influir en la opinión pública mientras el Congreso capitalino discute la propuesta.
El tema sigue abierto
La nueva ley todavía está en discusión y el Congreso deberá definir su contenido final. Pero el debate va más allá de una iniciativa: está en juego la posibilidad de que miles de familias puedan pagar una renta sin sacrificar sus necesidades básicas ni abandonar sus comunidades.
Por eso, la discusión merece escuchar a quienes viven el problema, no solamente a quienes obtienen ganancias del mercado inmobiliario. La vivienda no puede seguir tratándose únicamente como un negocio para unos cuantos: es un derecho, y garantizarlo debe ser la prioridad.
