CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda habría ordenado liberar dos cuentas bancarias del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuyos recursos permanecían congelados desde mayo de 2026, tras conocerse una acusación penal presentada en su contra por autoridades estadounidenses.
De acuerdo con información publicada por MILENIO, el desbloqueo se efectuó el pasado 5 de noviembre mediante el acuerdo UIF 110/K/6246/2026, emitido para dar cumplimiento a una medida cautelar concedida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
La resolución permitió al exmandatario recuperar el acceso a los depósitos correspondientes a tres pensiones, aunque otros instrumentos financieros vinculados con su patrimonio continúan inmovilizados.
Una de las cuentas recibe dos prestaciones, según MILENIO, siendo una pensión de viudez otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otra por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La segunda cuenta corresponde a los pagos de jubilación que Rocha Moya percibe de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El procedimiento comenzó después de que la UIF incorporara al exgobernador a la Lista de Personas Bloqueadas el 18 de mayo, a raíz de los señalamientos formulados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Rocha Moya solicitó inicialmente su exclusión de dicha lista mediante un procedimiento administrativo. Sin embargo, el 4 de agosto recibió una resolución desfavorable.
Posteriormente, sus representantes legales acudieron a la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, donde promovieron un juicio para impugnar la determinación de las autoridades financieras.
Aunque el procedimiento judicial continúa abierto, los magistrados concedieron una suspensión que permitió liberar exclusivamente las dos cuentas destinadas al depósito de sus pensiones.
Continúa vigente la acusación en Estados Unidos
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense dio a conocer una acusación contra nueve políticos y exfuncionarios de Sinaloa, incluido Rocha Moya, por presuntos vínculos con operaciones de narcotráfico relacionadas con la organización criminal conocida como Los Chapitos.
Según la acusación, el exgobernador enfrenta tres cargos relacionados con conspiración para el tráfico de drogas y delitos vinculados con armas de fuego.
Las autoridades estadounidenses lo señalan por una presunta colaboración con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín *El Chapo* Guzmán, para facilitar el traslado de fentanilo y otras sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.
El exmandatario solicitó licencia temporal el 1 de mayo. Posteriormente, regresó brevemente al gobierno estatal el 21 de agosto, antes de solicitar una nueva licencia que derivó en su separación definitiva del cargo, aprobada por el Congreso de Sinaloa el 23 de ese mes.
