De acuerdo a la comunicación oficial, el Departamento de Estado ordenó recopilar información sobre marcos legales que, desde la perspectiva de Washington, pudieran priorizar a migrantes sobre ciudadanos, y pidió evaluar casos de violaciones a derechos humanos relacionadas con estos desplazamientos.
La directriz también establece que las representaciones diplomáticas deberán exhortar a los gobiernos de la región a “proteger sus fronteras” y combatir redes criminales señaladas por autoridades estadounidenses como facilitadoras de la migración irregular. Esta instrucción se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria y de seguridad fronteriza impulsada por la administración de Donald Trump.
