La declaración del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de que en su país "no volverá a haber elecciones" no solo encendió las alarmas internacionales. Para analistas y organismos de derechos humanos, representa la confirmación pública de un proceso de concentración de poder que comenzó hace casi dos décadas y que ha transformado gradualmente el sistema político nicaragüense.
Durante la conmemoración del aniversario de la Revolución Sandinista, el pasado 19 de julio, Ortega afirmó que en Nicaragua ya no habrá procesos electorales que permitan a la oposición regresar al poder y adelantó que impulsará nuevas leyes para impedir que sus adversarios políticos vuelvan a competir.
Aunque el anuncio sorprendió por su contundencia, especialistas sostienen que el país llevaba años avanzando hacia un modelo cada vez más autoritario. Daniel Ortega regresó a la Presidencia en 2007 y, desde entonces, fue modificando las reglas del sistema político para garantizar su permanencia en el poder. Primero eliminó los límites a la reelección; posteriormente concentró el control del Poder Judicial, el Congreso, el sistema electoral y las fuerzas de seguridad. Antes de las elecciones de 2021, varios de sus principales adversarios fueron encarcelados, permitiéndole reelegirse en unos comicios ampliamente cuestionados por la comunidad internacional.
La consolidación del régimen dio otro paso este año con una profunda reforma constitucional que amplió el periodo presidencial de cinco a seis años, creó la figura de la "copresidenta" para Rosario Murillo —esposa de Ortega—, eliminó la independencia entre los poderes del Estado y otorgó al Ejecutivo facultades para coordinar al resto de las instituciones públicas. Diversos organismos internacionales advirtieron entonces que los cambios constitucionales legalizaban una concentración de poder que ya existía en la práctica.
El deterioro democrático se aceleró tras las protestas de 2018, cuya represión dejó cientos de muertos, de acuerdo con organismos internacionales. Desde entonces, el gobierno ha encarcelado opositores, expulsado del país a líderes políticos y religiosos, retirado la nacionalidad a decenas de críticos, cerrado más de cinco mil organizaciones civiles y restringido el espacio para la disidencia.
Las declaraciones de Ortega provocaron una inmediata condena internacional. Estados Unidos afirmó que el anuncio refleja el temor del mandatario a la voluntad popular; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que confirma la consolidación de un régimen autoritario; y este martes la ONU pidió al gobierno nicaragüense restablecer el Estado de derecho, garantizar elecciones libres y proteger los derechos políticos de la población.
