WASHINGTON.- El futuro del lobo mexicano vuelve a estar en disputa en Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que instruye a su gobierno a revisar si esta especie cumple con los criterios para dejar de estar protegida por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
La orden, firmada el 4 de septiembre bajo el nombre “Supporting America’s Ranchers”, establece un plazo de 90 días para que el secretario del Interior, Doug Burgum, determine si el lobo gris y el lobo mexicano han alcanzado los niveles de recuperación necesarios para iniciar un proceso de eliminación o reducción de sus protecciones federales.
La medida forma parte de un paquete de acciones impulsado por Trump para respaldar a los productores ganaderos estadounidenses, quienes han reclamado mayor margen de acción frente a los depredadores que atacan al ganado. La orden también instruye a las autoridades federales a revisar las reglas para autorizar la eliminación letal de lobos en determinadas circunstancias y a trabajar con los estados para modificar sus propias medidas de protección si se determina que las especies cumplen con los criterios federales de recuperación.
El lobo mexicano, una subespecie del lobo gris, tiene una historia particularmente delicada. La persecución y caza indiscriminada redujeron drásticamente sus poblaciones en Estados Unidos y México, hasta el punto de que durante el siglo pasado estuvo al borde de desaparecer.
Su recuperación comenzó mediante programas binacionales de conservación y reintroducción. En Estados Unidos, ejemplares criados en cautiverio fueron liberados nuevamente en Arizona y Nuevo México a partir de 1998, mientras que en México también se desarrolló un programa para recuperar poblaciones silvestres.
Organizaciones conservacionistas consideran que retirar las protecciones en este momento podría poner en riesgo décadas de trabajo. Greta Anderson, subdirectora de Western Watersheds Project, cuestionó que el gobierno coloque el conflicto entre ganaderos y lobos como una prioridad.
“Esta es una gran distracción para apaciguar a un puñado de ganaderos y hacerles creer que los lobos son una amenaza mayor que las propias políticas del presidente Trump”.
Anderson sostuvo que el impacto de los lobos sobre la actividad ganadera es reducido frente a otros problemas que enfrenta el sector y recordó que los productores cuentan con programas estatales y federales de compensación por pérdidas atribuidas a la depredación.
En la misma línea, Regan Downey, directora de educación y defensa del Wolf Conservation Center, señaló que el problema no radica en la existencia del lobo mexicano, sino en la manera en que la administración está planteando la solución.
“El problema no es el Lobo Mexicano sino más bien el enfoque que le está dando la administración Trump para resolver supuestos conflictos”.
Downey consideró que, si realmente se busca ayudar a los ganaderos, deberían fortalecerse las alternativas para prevenir ataques sin recurrir a métodos letales.
La preocupación también está relacionada con la situación genética de la especie. Michelle Lute, directora ejecutiva de Wildlife for All, señaló que la población estadounidense enfrenta problemas derivados de su reducido número de ejemplares fundadores y de la pérdida de diversidad genética.
“Sólo siete lobos mexicanos fueron rescatados del medio silvestre y criados con éxito en cautiverio para salvar a la subespecie de la extinción, pero desde entonces la mayoría de sus genes se han perdido”.
De acuerdo con datos recientes citados por organizaciones conservacionistas, cientos de lobos mexicanos viven actualmente en libertad en Arizona y Nuevo México. En México, los esfuerzos de recuperación también han permitido establecer ejemplares en vida silvestre en las sierras de Chihuahua y Durango.
El siguiente paso corresponderá al Departamento del Interior. La orden de Trump no elimina por sí misma la protección del lobo mexicano, sino que abre un proceso de revisión que podría desembocar en una reducción o eliminación de su estatus de protección si las autoridades concluyen que se cumplen los criterios establecidos por la legislación estadounidense.
