ISRAEL.- La posibilidad de tener descendencia después de la muerte se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente en Israel, donde cuatro hospitales conservan muestras de esperma de aproximadamente 250 soldados fallecidos desde octubre de 2023, según una investigación publicada por el diario español El País.
El procedimiento, conocido como recuperación póstuma de espermatozoides, permite obtener células reproductivas de hombres fallecidos para su eventual utilización en tratamientos de fecundación asistida. Su aplicación ha adquirido una dimensión particular entre las familias de militares israelíes muertos durante la guerra en Gaza.
De acuerdo con el reportaje del periodista Antonio Pita, una disposición extraordinaria adoptada después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 eliminó el requisito de autorización judicial previa para extraer el esperma de los fallecidos en el conflicto.
La medida también permitió que los padres solicitaran directamente el procedimiento, una facultad que anteriormente correspondía principalmente a las parejas de los fallecidos.
Según los datos recogidos por El País, los progenitores representan actualmente el 77% de las solicitudes.
Un procedimiento médico condicionado por el tiempo
La recuperación de espermatozoides después del fallecimiento requiere intervenir durante un periodo limitado, antes de que el deterioro de los tejidos reduzca las posibilidades de obtener células reproductivas viables.
El procedimiento consiste en extraer tejido testicular y examinarlo en un laboratorio para identificar espermatozoides que puedan conservarse mediante congelación y utilizarse posteriormente en técnicas de reproducción asistida.
Según la información publicada por El País, las primeras 48 horas después del fallecimiento ofrecen mejores condiciones para realizar la extracción, aunque existen casos en los que el procedimiento puede efectuarse después de ese periodo.
La conservación del material genético no significa, sin embargo, que su utilización reproductiva quede automáticamente autorizada.
En Israel existe una diferencia jurídica entre recuperar y almacenar espermatozoides de una persona fallecida y emplearlos posteriormente para conseguir un embarazo. Esta segunda decisión continúa sujeta a procedimientos judiciales.
Familias que buscan continuar la descendencia
Uno de los casos documentados por el periódico es el de Sharon Eizenkot, madre de Maor, un soldado israelí que murió en 2023 durante una operación militar en Jan Yunis, en la Franja de Gaza.
Después de recibir la noticia del fallecimiento, Eizenkot autorizó la extracción de espermatozoides de su hijo y posteriormente inició un procedimiento judicial para que una mujer pudiera utilizarlos mediante reproducción asistida.
En julio de 2026 obtuvo una resolución favorable, después de presentar testimonios que señalaban que Maor había expresado en vida su deseo de convertirse en padre.
El reportaje señala que numerosas mujeres se comunicaron con la familia para manifestar su disposición a participar en el proceso. La madre seleccionó a una candidata, aunque todavía debía completar los trámites necesarios para concretar el tratamiento.
Otro caso corresponde a Iris Haim, madre de Yotam Haim, uno de los tres rehenes israelíes que murieron en diciembre de 2023 por disparos de soldados de su propio país, después de escapar del cautiverio en Gaza.
Su familia también solicitó conservar el esperma y consiguió una autorización judicial para su eventual utilización. No obstante, decidió aplazar el procedimiento mientras evalúa las consecuencias familiares de incorporar a una futura madre y a un posible descendiente.
Ambos casos muestran que la autorización médica y judicial no necesariamente conduce a un embarazo inmediato.
Una regulación excepcional que continúa vigente
La reproducción póstuma no surgió en Israel a raíz de la guerra de Gaza. Desde 2003 existían directrices de la Fiscalía del Estado que contemplaban el uso del esperma de personas fallecidas bajo determinadas circunstancias.
Sin embargo, la aplicación del procedimiento era considerablemente más restringida y requería procesos legales que podían prolongarse durante años.
La disposición de emergencia aprobada en octubre de 2023 modificó las condiciones para recuperar el material reproductivo de los fallecidos en la guerra.
Según la investigación de El País, la norma se renueva mensualmente ante la falta de una legislación definitiva que establezca un marco permanente.
El Estado israelí financia la extracción y conservación de las muestras, bajo supervisión del Ministerio de Sanidad, pero los familiares deben gestionar por separado los procedimientos judiciales para solicitar su utilización.
La organización Or Lemishpajot, dedicada al acompañamiento de familias de militares fallecidos, participa en este proceso mediante asistencia jurídica gratuita, a partir de un acuerdo con el Ministerio de Justicia.
Su presidenta, Irit Oren Gundars, explicó al periódico que las resoluciones judiciales se han vuelto más flexibles en los últimos años, aunque los tribunales continúan examinando las circunstancias particulares de cada solicitud.
El consentimiento, en el centro del debate
En algunos de los casos documentados, los tribunales han aceptado testimonios familiares, conversaciones personales y mensajes privados como elementos para establecer la voluntad reproductiva del fallecido, incluso sin contar con una autorización escrita específica.
También surgen preguntas sobre los derechos y responsabilidades de las futuras madres, la participación de los abuelos en la crianza y las condiciones en las que crecerían los niños concebidos mediante estos procedimientos.
La investigación recoge además el componente social y demográfico que acompaña esta práctica en Israel, un país donde las políticas públicas de apoyo a la natalidad y los tratamientos de fertilidad tienen una presencia significativa.
Para algunas familias entrevistadas, la reproducción póstuma representa una posibilidad de preservar la descendencia de sus hijos. Para el debate jurídico y médico, el desafío consiste en establecer hasta dónde puede extenderse esa decisión cuando la persona cuyo material genético será utilizado ya no puede expresar su consentimiento.
