El gobierno de Italia aprobó un nuevo decreto de seguridad que permitirá detener preventivamente a adolescentes desde los 14 años y endurecerá las sanciones contra quienes participen en actos violentos durante manifestaciones. La medida fue impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni después de los disturbios registrados durante el fin de semana en Milán y otras ciudades, donde hubo saqueos, daños a comercios y enfrentamientos con la policía.
Uno de los principales cambios es la creación del delito de participación violenta en manifestaciones. Quienes formen parte de grupos de cinco personas o más y lancen piedras, palos u otros objetos que pongan en peligro a la población podrán enfrentar hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20 mil euros, equivalentes a unos 22 mil 500 dólares. Las sanciones pueden aumentar cuando los participantes oculten su rostro o provoquen lesiones.
El decreto también establece que los padres deberán pagar por los daños que causen sus hijos menores de edad. Esto incluye afectaciones a bienes públicos, como mobiliario urbano y vehículos oficiales, además de daños a comercios y propiedades privadas. La responsabilidad económica de las familias se suma a las medidas penales que el gobierno busca aplicar contra quienes participen en actos de vandalismo.
La nueva norma cambia también la forma en que se determina la responsabilidad penal de los adolescentes de entre 14 y 17 años. Ahora se presumirá que pueden comprender sus actos, salvo que se demuestre lo contrario. Además, las autoridades podrán recurrir a la detención diferida con base en pruebas, como grabaciones, y aplicar medidas preventivas a menores bajo determinadas condiciones, incluso antes de que se haya cometido un delito durante una manifestación.
Las medidas llegan después de una jornada de disturbios en Milán que dejó cerca de 200 policías heridos, según las cifras difundidas por Meloni. También se reportaron saqueos y escaparates destruidos en zonas comerciales. Ante este escenario, el gobierno ya había anunciado el despliegue de 500 militares adicionales en la ciudad hasta finales de año para reforzar la vigilancia y proteger puntos considerados sensibles.
El ministro de Defensa, Guido Crosetto, atribuyó las protestas a una supuesta “guerra híbrida” en la que se utilizan herramientas no convencionales, incluidas las redes sociales. Por su parte, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, anunció que quienes organicen grupos para realizar manifestaciones violentas, incluso mediante plataformas digitales, podrían enfrentar penas de entre cuatro y doce años de prisión.
El decreto entró en vigor de inmediato, pero el Parlamento italiano tendrá 60 días para convertirlo en ley. Durante ese periodo, los legisladores deberán examinar las medidas y podrán introducir cambios antes de su aprobación definitiva.
