BUENOS AIRES.- El Gobierno de Argentina anunció la incorporación del Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y otras tres organizaciones de Colombia y Ecuador a su registro oficial de entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento, una decisión que amplía las medidas de seguridad del país sudamericano frente a grupos criminales extranjeros.
La determinación fue comunicada la noche del miércoles 21 de octubre por la Oficina del Presidente Javier Milei y, de acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo, quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Además de las dos organizaciones mexicanas, la medida incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Tiguerones, grupo criminal originario de Ecuador.
En el caso del Cártel de Sinaloa, el Gobierno argentino señaló que se trata de una organización criminal transnacional involucrada en actividades de narcotráfico, contrabando, secuestros y extorsiones, cuya operación representa una amenaza que trasciende las fronteras mexicanas.
Respecto a La Nueva Familia Michoacana, las autoridades argentinas señalaron su participación en el tráfico internacional de drogas y actividades relacionadas con la minería ilegal. La organización mantiene presencia principalmente en Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México, de acuerdo con evaluaciones de autoridades estadounidenses.
La inclusión de ambos grupos coloca nuevamente a organizaciones criminales mexicanas dentro de las estrategias internacionales contra el terrorismo y su financiamiento, aunque la decisión corresponde exclusivamente al marco jurídico argentino y no modifica por sí misma su clasificación legal en México.
En cuanto a Los Tiguerones, el Ejecutivo argentino identificó a la organización ecuatoriana como una estructura dedicada al narcotráfico y al sicariato, surgida de la fragmentación de Los Choneros durante 2020.
Las FARC-EP y el ELN también fueron incluidas por sus antecedentes de actividad insurgente y por las redes regionales que, según la evaluación oficial, podrían representar riesgos para la seguridad argentina. En el caso de las FARC-EP, la denominación utilizada por el Gobierno requiere distinguir entre la antigua guerrilla que firmó el acuerdo de paz de 2016 y las estructuras disidentes que continuaron operando posteriormente.
La medida fue coordinada por la Cancillería argentina, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Las cinco organizaciones fueron incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), un instrumento destinado a concentrar información y facilitar la cooperación entre instituciones nacionales y organismos internacionales.
La normativa argentina contempla evaluaciones de riesgos reales o potenciales para la seguridad interior, la población y los bienes del país antes de incorporar organizaciones extranjeras a este registro.
El Gobierno de Milei sostiene que la medida busca fortalecer la identificación de estructuras criminales y sus mecanismos de financiamiento, así como mejorar el intercambio de información para prevenir actividades vinculadas con el terrorismo.
La decisión se suma a otras incorporaciones realizadas por Argentina durante 2025, entre ellas la del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano.
