CALIFORNIA.— La batalla por el uso de las redes sociales entre menores de edad llegó a los tribunales de California, donde Google, Meta y TikTok presentaron demandas por separado para impedir la aplicación de una ley que busca reducir los riesgos de adicción digital entre niños y adolescentes menores de 16 años.
La legislación, identificada como Proyecto de Ley 1709 de la Asamblea, establece restricciones a herramientas diseñadas para mantener a los usuarios conectados durante periodos prolongados, entre ellas la reproducción automática de videos y los sistemas de recomendaciones personalizadas.
También contempla la eliminación de cuentas de menores que mantengan activadas determinadas funciones consideradas de riesgo.
Sin embargo, las empresas tecnológicas sostienen que estas disposiciones vulneran sus derechos constitucionales al imponer criterios gubernamentales sobre la manera en que seleccionan y presentan contenidos a sus usuarios.
En sus respectivas demandas, Google, propietaria de YouTube; Meta, matriz de Facebook e Instagram; y TikTok argumentaron que la legislación contraviene la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión.
Asimismo, invocaron la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una disposición federal que concede determinadas protecciones legales a las plataformas digitales respecto de contenidos publicados por terceros.
Las compañías también cuestionaron que el gobierno estatal pueda sustituir las decisiones de los padres sobre el acceso y consumo de contenidos digitales de sus hijos.
La ley fue firmada el pasado 10 de septiembre por el gobernador Gavin Newsom, quien defendió la necesidad de establecer mayores medidas de protección frente a los riesgos asociados con el uso intensivo de plataformas tecnológicas.
El debate ha generado cuestionamientos entre organizaciones defensoras de los derechos digitales. La Electronic Frontier Foundation advirtió que algunas restricciones podrían representar riesgos para la privacidad y la libertad de expresión de los usuarios.
Las demandas fueron presentadas ante tribunales federales de San José, San Francisco y Los Ángeles. El fiscal general de California, Rob Bonta, figura como demandado por su responsabilidad en la aplicación de la legislación.
