PARAGUAY.- Santiago Peña fue destituido de la Presidencia de Paraguay este viernes 6 de noviembre, después de que los 44 senadores presentes votaran por unanimidad para declararlo culpable de mal desempeño de sus funciones. El juicio político estuvo marcado por los señalamientos sobre sus vínculos con Ueno Bank, cuya crisis dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas.
Peña no se presentó personalmente ante el Senado, pese a haber anunciado que acudiría a defenderse. Antes solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su respuesta, pero los legisladores rechazaron el pedido. Los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda asumieron su representación y presentaron sus argumentos, sin conseguir frenar la destitución.
Con esta decisión, Peña se convirtió en el segundo presidente de la historia reciente de Paraguay en ser separado del cargo mediante un juicio político, después de Fernando Lugo, destituido en 2012. La votación también confirmó su aislamiento político: incluso los senadores del gobernante Partido Colorado respaldaron su salida.
Antes de pedir el aplazamiento, Peña había intentado dejar la Presidencia mediante una carta de renuncia presentada el jueves. Esa vía le habría permitido conservar la posibilidad de convertirse en senador vitalicio y acceder a fueros, por lo que sus opositores la interpretaron como una estrategia para salir con protección. Sin embargo, la sesión para resolver la dimisión quedó sin cuórum y el juicio continuó. Al ser declarado culpable, perdió ese beneficio constitucional.
La situación judicial también avanzó: después de la destitución, la Fiscalía informó de su imputación y ordenó su detención por presunta lesión de confianza y otros hechos relacionados con Ueno Bank. La disposición solicita que permanezca detenido en su domicilio hasta quedar a disposición del Ministerio Público. Así, la caída política de Peña abre una nueva etapa de rendición de cuentas, mientras los afectados siguen esperando recuperar sus ahorros.
