PUERTO PRÍNCIPE, Haití.— La búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos llevó al presidente Nayib Bukele a desplegar al menos 2 mil 500 soldados en Haití, donde sus fuerzas ya participan en operaciones contra las pandillas y enfrentan cuestionamientos por los alcances de su intervención.
El despliegue comenzó después de que cuatro técnicos de aviación salvadoreños fueran emboscados el 18 de octubre, cuando regresaban a su base en un vehículo blindado. El ataque incendió la unidad y los militares desaparecieron después de abandonarla. Desde entonces, las autoridades no han confirmado su paradero.
Los cuatro formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional respaldada por Naciones Unidas para apoyar a las autoridades haitianas frente a los grupos criminales que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y otras regiones del país.
Tras el incidente, Bukele anunció una operación para recuperarlos y advirtió a los líderes criminales que su gobierno estaba dispuesto a intensificar la respuesta si los salvadoreños no eran liberados.
El mandatario ha defendido su estrategia con el argumento de que El Salvador logró debilitar a las pandillas mediante una política de seguridad de mano dura. Sin embargo, esa política también ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos por las detenciones masivas y las denuncias de abusos.
En los días posteriores a la desaparición, El Salvador incrementó su presencia militar en Haití hasta alcanzar al menos 2 mil 500 efectivos, acompañados de vehículos blindados y helicópteros.
La operación comenzó a extenderse más allá de la búsqueda de los cuatro técnicos. Las fuerzas salvadoreñas participaron en acciones contra grupos armados junto con elementos haitianos y otros integrantes de la misión internacional.
El 6 de noviembre, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, anunció la muerte de Mathias Saintil, identificado como uno de los líderes de la banda Boston, después de resultar herido durante un ataque con drones.
Dos días después, policías haitianos y militares salvadoreños destruyeron una vivienda vinculada a Wilson Joseph, jefe de la organización criminal 400 Mawozo. El líder no se encontraba en el inmueble y logró escapar.
La ofensiva también provocó una respuesta de los grupos criminales. Joseph manifestó su disposición a dialogar y pidió la intervención de Naciones Unidas para abrir una vía de negociación, al expresar preocupación por las consecuencias de los enfrentamientos para la población civil.
El gobierno haitiano ha defendido la presencia salvadoreña como parte de los esfuerzos para recuperar el control territorial. Fils-Aimé ha sostenido que las fuerzas extranjeras están en el país para apoyar al Estado, no para sustituirlo, y que las autoridades haitianas deben dirigir la estrategia de seguridad.
No obstante, la ONU ha advertido que la mayoría de los efectivos salvadoreños desplegados recientemente opera fuera de la estructura de mando de la misión internacional. La falta de claridad sobre las facultades de las tropas, las reglas de actuación y la duración de su presencia ha generado cuestionamientos sobre la supervisión de las operaciones.
Las diferencias también alcanzaron a Estados Unidos. Aunque el presidente Donald Trump ha respaldado la ofensiva contra las pandillas, funcionarios estadounidenses cuestionaron la coordinación de las fuerzas salvadoreñas con la misión internacional.
El gobierno de Bukele rechazó esos señalamientos y defendió la coordinación de sus operaciones con las autoridades haitianas y los responsables de la fuerza internacional.
La preocupación se centra también en los posibles efectos de la intensificación de los enfrentamientos sobre los habitantes de las zonas donde operan las pandillas, en un país que enfrenta desplazamientos masivos, una crisis institucional y dificultades para garantizar servicios básicos.
El primer ministro haitiano tiene previsto viajar a El Salvador la próxima semana para discutir el futuro del contingente militar con representantes del gobierno salvadoreño.
La reunión ocurre mientras continúa la búsqueda de los cuatro técnicos. Bukele ha sostenido que sus fuerzas se retirarán cuando los recuperen, aunque todavía no se han aclarado todos los términos del acuerdo que permite su presencia en Haití.
La crisis de seguridad también ha complicado el calendario político haitiano. Las elecciones nacionales, previstas inicialmente para diciembre de 2026, fueron aplazadas y la primera vuelta quedó programada para el 18 de julio de 2027, sujeta a las condiciones de seguridad.
