Con 474 votos a favor, Cámara de Diputados aprueba reforma contra la extorsión
El cambio al artículo 73 de la Constitución busca acabar con los vacíos legales y homologar sanciones
La Cámara de Diputados dio luz verde este martes a una reforma constitucional que abre la puerta a la creación de una Ley General contra la Extorsión, con el objetivo de unificar la persecución de este delito en todo el país.
Con 474 votos a favor, el pleno respaldó la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que permitirá al Congreso de la Unión legislar de manera uniforme sobre este ilícito y sus agravantes. La minuta fue enviada al Senado para su discusión y posible aval.
El cambio al artículo 73 de la Constitución busca acabar con los vacíos legales y homologar sanciones, ya que actualmente cada entidad establece castigos distintos, con contrastes que van desde penas mínimas de un año en Oaxaca hasta condenas de 30 años en Chihuahua.
Durante la sesión, el morenista Leonel Godoy advirtió sobre el crecimiento acelerado de la extorsión:
“Las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión… toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.
Desde la oposición también hubo llamados de alerta. El panista Héctor Saúl Téllez recordó que en los primeros diez meses de la administración de Sheinbaum se registraron 9 mil 21 denuncias por extorsión, una cifra mayor a la reportada en los mismos periodos de gobiernos anteriores.
“La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. (…) lamentablemente este delito ha crecido, se ha normalizado y está asfixiando la libertad de miles de familias”, acusó.
En tanto, el priista Alejandro Domínguez calificó el fenómeno como un “flagelo nacional” y citó datos del INEGI para dimensionar el problema:
“Apenas uno de cada diez víctimas se atreve a denunciar. Esto nos muestra verdaderamente la magnitud de la desconfianza y el miedo que rodea a este fenómeno”.
Con esta reforma, el Congreso busca consolidar un marco legal que permita perseguir de oficio la extorsión, garantizar sanciones claras y reforzar la protección a las víctimas.
