La Fiscalía General de la República detuvo en la Ciudad de México a Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de la empresa Ingemar, compañía vinculada a una investigación por presunto contrabando de combustible transportado en ferrotanques desde Estados Unidos hacia México.
Hernández Hinojosa fue puesta a disposición de un juez federal con sede en el Altiplano y compareció en una audiencia inicial por videoconferencia desde instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
De acuerdo con la investigación de la FGR, la imputada habría participado en operaciones de comercio exterior en las que se reportaban cantidades de hidrocarburo menores a las que realmente eran transportadas.
La Fiscalía sostiene que “habría intervenido en operaciones de comercio exterior mediante las cuales se declaraban volúmenes de hidrocarburo significativamente inferiores a los realmente transportados”.
Además, la dependencia señala que Hernández Hinojosa habría tenido participación en contratos, trámites aduaneros y otras operaciones relacionadas con la actividad de Ingemar.
Según los datos presentados ante el juez, “habría participado en diversos actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de la empresa, incluyendo la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos y la realización de gestiones ante autoridades aduaneras respecto de mercancías detectadas con irregularidades”.
La investigación también la ubica como firmante autorizada en distintas cuentas bancarias de la empresa. Para el Ministerio Público, esta condición “le habría permitido intervenir en la administración financiera de la empresa”.
Otro de los puntos señalados por la FGR tiene que ver con trámites realizados ante autoridades aduaneras para atender mercancías que presentaban inconsistencias en su documentación. De acuerdo con la indagatoria, habría promovido acciones encaminadas a conseguir su liberación y regularización.
Ingemar ha sido relacionada con una red investigada por el ingreso irregular de combustibles al país. El exgobernador de Baja California Enrique Ruffo Appel aparece como accionista mayoritario de la compañía y también enfrenta un proceso penal dentro del mismo caso.
Además de Ruffo Appel, ya se encuentran sujetos a proceso Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez, Adriana Magali Bárcenas Guillén y José Merino Valdés Cuervo.