CDMX.— La presidenta Claudia Sheinbaum delimitó las facultades del Gobierno federal frente a las investigaciones por presuntas irregularidades financieras en la administración de Samuel García, gobernador de Nuevo León, al señalar que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a las autoridades estatales determinar posibles responsabilidades.
Durante su conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la mandataria fue cuestionada sobre las indagatorias relacionadas con una presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos jurídicos vinculados con familiares de servidores públicos.
Sheinbaum precisó que el Ejecutivo federal no tiene facultades generales para investigar directamente a los gobiernos estatales, aunque las instituciones federales están obligadas a colaborar cuando las autoridades fiscalizadoras soliciten información.
“¿Quién tiene atribución cuando hay uso de recursos federales? La Auditoría Superior de la Federación”, sostuvo.
La presidenta explicó que, si la ASF requiere documentación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o de la Secretaría de Hacienda, ambas dependencias deberán proporcionarla conforme a sus atribuciones.
La postura presidencial se produce después de que el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informara el pasado 30 de octubre sobre investigaciones relacionadas con posibles esquemas de triangulación financiera, simulación de operaciones y transferencias a cuentas vinculadas con familiares de funcionarios en Nuevo León y Sinaloa.
Hasta el momento, la ASF no ha precisado públicamente los montos correspondientes a cada entidad ni identificado a todas las personas y empresas involucradas en las operaciones bajo revisión.
En el panorama nacional, el organismo fiscalizador reportó la presentación de 40 denuncias penales durante los primeros seis meses de la gestión de Hernández Palacios Cardel, además de informar que 21 denuncias previamente reportadas ya fueron judicializadas.
Por otra parte, durante la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025, la ASF identificó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclaración en los tres órdenes de gobierno, de los cuales más de mil 200 millones correspondían a auditorías estatales.
Estas cifras forman parte de la fiscalización nacional y no deben interpretarse como recursos atribuidos exclusivamente al gobierno de Nuevo León.
Por su parte, Samuel García ha rechazado las acusaciones y asegura que investigaciones anteriores descartaron irregularidades. Sin embargo, la Fiscalía de Nuevo León aclaró el 4 de noviembre que los nuevos señalamientos de la ASF corresponden a hechos distintos de los examinados previamente.
