La denuncia que presentó este miércoles la síndica procuradora de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, contra Viridiana Román y Edoardo Rodríguez es una advertencia política muy relevante.
El mensaje que la síndica envía es que la libertad de expresión debe defenderse, pero no aprovecharse como excuso para la violencia personal, la descalificación y el ataque dirigido contra una mujer, independientemente si tiene o no un cargo público.
Desde el punto de vista de Balderas Beltrán,el fondo del asunto no es impedir la crítica. La síndica expresó que, en democracia, todos los cargos deben ser observados, cuestionados y fiscalizados.
Sin embargo, la funcionaria hace una diferencia notable. Una cosa es revisar el desempeño de las instituciones y otra diferente es llevar el debate hacia la apariencia de las funcionarias públicas, su vida personal u otros comentarios que buscan reducirla como mujer, sin confrontarla como autoridad.
Ése es el punto central. Cuando la polémica Viridiana Román y Edoardo Rodríguez cruzaron esa línea, dejaron de tener una crítica legítima y entraron al terreno de la violencia política en razón de género. Lo que hizo la síndica con su dencia es señalar prácticas que, históricamente, han buscado sacar a las mujeres de la política con burlas, estigmas y agresiones.
Consciente del ejemplo que brinda como funcionaria pública, la síndica expresa que si se quiere cuidar la democracia, se debe distinguir entre fiscalización ciudadana y simple violencia.
Su denuncia, entonces, marca un precedente. No es contra la libertad de expresión, sino con el uso del espacio público para amedrentar y violentar a las mujeres haciendo un uso cruel de la voz en el espacio político.
