Marina del Pilar celebró en redes sociales que Baja California se convirtió en el Estado con menor pobreza del país, un resultado relevante que, independientemente de cualquier lectura política, sería mezquino relegarlo.
Y es trascendental, porque la medición de pobreza multidimensional no considera únicamente cuánto dinero entra a los hogares, sino también el acceso efectivo a derechos sociales.
Así que para integrar el indicador, en éste se toman en cuenta factores como el rezago educativo, los servicios de salud, la seguridad social, la calidad de la vivienda, los servicios básicos y la alimentación.
Por eso, la gobernadora atribuyó el resultado a una estrategia desarrollada en varios frentes, como lo han sido la entrega directa de programas sociales a quienes más los necesitan, el fortalecimiento de las becas para estudiantes de educación básica y los apoyos destinados a mujeres, personas adultas mayores y población con discapacidad.
También incorporó al balance la generación de empleos mejor remunerados, la llegada de nuevas inversiones y la ampliación de servicios e infraestructura en colonias que durante años permanecieron rezagadas.
Desde esa perspectiva, la política social no aparece separada de la actividad económica, sino vinculada con las oportunidades laborales, la permanencia escolar y el acceso a mejores condiciones de vida.
En cuanto al resultado, es fundamental comprender que también debe colocarse dentro de las características económicas de la entidad, marcada por una fuerte actividad industrial, comercial y de servicios, además de una amplia participación de su población en el mercado laboral.
Sí, en política las administraciones pueden construir muchos relatos, pero al final son los resultados medibles los que permanecen cuando comienza el balance, así que esta cifra llegará inevitablemente a esa conversación y formará parte de la fotografía con la que se evalúe la política social del sexenio marinista.
