Baja California tuvo un espacio particularmente significativo en el Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y hay que destacar que no lo fue por una referencia protocolaria a la entidad, sino porque apareció alrededor del agua, uno de los problemas que puede determinar buena parte de su futuro económico, urbano y social.
Para una región que depende considerablemente del Río Colorado, colocar sobre la mesa una desaladora para Tijuana y Playas de Rosarito representa algo más que anunciar infraestructura.
Significa reconocer desde la Presidencia que el modelo de abastecimiento de la zona costa necesita diversificarse y que seguir confiando prácticamente el futuro hídrico regional a una fuente sometida a enormes presiones dejó de ser una estrategia suficiente.
La dimensión del proyecto tampoco es menor, ya que la desaladora permitiría incrementar hasta en 45 por ciento la disponibilidad de agua para Tijuana y Playas de Rosarito, modificando considerablemente la estructura de abastecimiento de la zona costa.
Sheinbaum también destacó un cambio que puede resultar menos espectacular ante la opinión pública, pero políticamente tiene fondo. Y es que Mexicali y Tijuana cuentan con concesiones directas de la Comisión Nacional del Agua, cuando anteriormente, según explicó la propia Presidenta, tenían que pagar esos derechos a particulares.
El tercer elemento tocó el saneamiento del Río Tijuana, que apareció expresamente entre las acciones federales y que ya se trabaja directamente en la región por medio de la CESPT, algo especialmente relevante para una ciudad que durante décadas ha cargado con infraestructura insuficiente y un problema ambiental que termina cruzando hacia Estados Unidos.
La estrategia contempla reconstrucción de colectores, acciones para evitar descargas contaminantes y fortalecimiento de los sistemas de tratamiento, piezas indispensables para enfrentar un problema que ha adquirido incluso dimensiones binacionales.
Así que para Baja California, aparecer en el Informe fue importante, al confirmar que el agua dejó de ser un tema periférico para convertirse en una prioridad nacional con acciones concretas en marcha.
Por si no fuera suficiente, la presencia de Baja California fue más amplia. En Mexicali aparecen la Central de Ciclo Combinado González Ortega y Techos Solares para el Bienestar; en infraestructura, el Viaducto Elevado de Tijuana, obras carreteras y la modernización del Puerto de Ensenada; mientras que en salud y educación figuran el Hospital General Tijuana Este, proyectos hospitalarios en otros municipios, un nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Mexicali y la ampliación de nueve preparatorias.
A ello se suma una política social que plantea para 2026 alcanzar a 421 mil beneficiarios con una inversión de 9 mil millones de pesos, además de 80 mil 800 acciones en materia de vivienda.
Visto en conjunto, desalación, saneamiento, energía, infraestructura y política social muestran una agenda federal de mayor alcance para Baja California.
Sin embargo, es en el agua donde probablemente se encuentra la decisión de mayor profundidad, porque de ella depende una parte considerable de la viabilidad futura de la región.
Sheinbaum ha cumplido su palabra con Baja California, colocando al agua en el centro de las decisiones que definirán el futuro del Estado. Y eso es de aplaudirse.
