Por ahora, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene los estudios técnicos, sin permitir pruebas piloto ni actividades de explotación mediante fracturación hidráulica.
La postura fue expuesta por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, ante las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático de la Cámara de Diputados, donde precisó que las autorizaciones existentes únicamente contemplan investigaciones sobre la disponibilidad de agua salada y profunda, sin comprometer los recursos destinados al consumo humano y agrícola.
“Hoy no existen condiciones para avanzar en una explotación mediante fracturación hidráulica, ni existe autorización de la presidenta para hacerlo”, afirmó Bárcena durante su comparecencia, al establecer los límites actuales de la política energética federal.
El Gobierno de México también señaló que cualquier eventual implementación requeriría previamente actualizar las disposiciones ambientales y de seguridad industrial, particularmente aquellas relacionadas con la construcción de pozos no convencionales, el tratamiento del agua y la supervisión de las operaciones.
Los estudios técnicos realizados por especialistas federales identificaron la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, ubicada en el noreste del país, como la única región considerada potencialmente viable para evaluar esta tecnología.
Sin embargo, las condiciones planteadas incluyen evitar el aprovechamiento de agua superficial, proteger los acuíferos, establecer vigilancia sísmica permanente y restringir sustancias químicas altamente tóxicas.
Asimismo, se contempla privilegiar el aprovechamiento de agua salina y garantizar el reciclaje de al menos 75% del líquido utilizado en las operaciones.
Con estas determinaciones, la administración federal mantiene abierta la investigación sobre alternativas de extracción energética, pero sin comprometer una autorización anticipada.
Ya en cuanto a la eventual aplicación del fracking, ésta dependerá de evaluaciones técnicas, disposiciones regulatorias y condiciones ambientales que todavía deberán acreditarse antes de cualquier decisión definitiva.
