Sin más, el asunto coloca sobre la mesa los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad, el respeto a la soberanía nacional y la obligación de quienes procuran justicia de actuar dentro de la ley.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dejado claro, al resaltar que las investigaciones corresponden tanto a la Fiscalía estatal como a la Fiscalía General de la República, ante señalamientos relacionados con la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en territorio mexicano.
“La responsabilidad que tienen es enorme porque es acabar con la impunidad junto con el Poder Judicial. Ellos tienen que ser un ejemplo de la sociedad”, sostuvo la mandataria, al cuestionar que los propios responsables de procurar justicia puedan incurrir en violaciones a la legislación.
La mandataria también precisó que, hasta donde se conoce, no existen pruebas de que la gobernadora de Chihuahua haya ordenado directamente dicha intervención, una distinción indispensable para evitar que las responsabilidades penales se conviertan en acusaciones políticas sin sustento.
La controversia surgió por un operativo contra un laboratorio de drogas en la Sierra Tarahumara, relacionado con la presencia de agentes estadounidenses y un accidente carretero que dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos integrantes de la CIA.
Por ello, Jáuregui enfrenta acusaciones estatales por presuntos delitos cometidos en el ejercicio del servicio público y una investigación federal por traición a la patria.
El fondo del asunto exige distinguir entre cooperación internacional e intervención extranjera. Compartir inteligencia y coordinar esfuerzos contra el crimen organizado no equivale a permitir que agentes de otro país participen en operaciones sin las autorizaciones correspondientes.
La soberanía nacional y la legalidad no deberían depender de conveniencias políticas. Si las investigaciones acreditan responsabilidades, deberán establecerse mediante los procedimientos correspondientes, sin excepciones por cargo, partido o jerarquía.
Así que al paso de los días, la verdadera prueba para las instituciones será esclarecer lo ocurrido, determinar quién autorizó cada decisión y demostrar que quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley también están sujetos a ella.
