Apenas ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las acciones federales contra este delito han generado, según las cifras oficiales, 48 mil 411 millones de pesos adicionales en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), frente a los 61 mil 785 millones que se estima dejaron de pagarse durante 2025.
La dimensión del problema permite comprender por qué combatir el huachicol fiscal exige mucho más que decomisar combustible.
Su funcionamiento involucra permisos de importación, operaciones aduaneras, transporte ferroviario, facturación y distribución comercial, una cadena donde las irregularidades pueden prosperar cuando falla la supervisión institucional.
Por ello, el Gobierno de México ha comenzado a fortalecer esos controles mediante un centro de monitoreo que identifica permisos, movimientos de ferrotanques y operaciones de importación, con participación del SAT, Aduanas y autoridades estadounidenses.
Las investigaciones también han derivado en detenciones, cancelación de permisos y solicitudes de extradición, aunque las responsabilidades penales deberán determinarse judicialmente.
El jurista estadounidense Louis Brandeis escribió que “se dice que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes”, lo que adquiere sentido ante el compromiso gubernamental de transparentar las irregularidades detectadas.
La administración de Sheinbaum ha puesto cifras y mecanismos de vigilancia sobre una actividad cuya dimensión fiscal exige controles permanentes.
Detrás de esos miles de millones existe una realidad difícil de ignorar, en la que mientras millones de mexicanos cumplen sus obligaciones fiscales, otros encontraron en el combustible una oportunidad para evadirlas.
Ahora corresponde conocer hasta dónde llegan las investigaciones y quiénes hicieron posible que semejante negocio funcionara durante tanto tiempo.
