La democracia mexicana cuesta miles de millones de pesos, pero detrás de las urnas, las boletas y los contratos electorales también existe un negocio millonario que ahora comienza a enfrentar el escrutinio de las autoridades financieras.
Apenas ayer miércoles, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas, 25 físicas y 15 morales, a su Lista de Personas Bloqueadas, tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo vinculadas con proveedores electorales.
La UIF fue más allá del bloqueo preventivo y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, abriendo la puerta a investigaciones sobre posibles responsabilidades penales.
La investigación también alcanza un terreno políticamente delicado: la gestión de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del INE el pasado 26 de octubre, en medio de señalamientos sobre contrataciones y posibles conflictos de interés.
El asunto adquiere mayor dimensión ante los reportes periodísticos sobre una red de empresas vinculadas que obtuvo 853 millones de pesos mediante 21 licitaciones electorales cuestionadas.
Como escribió el jurista estadounidense Louis Brandeis, “La luz del sol es el mejor de los desinfectantes”, lo que cobra especial sentido cuando las autoridades comienzan a revisar las operaciones de quienes han encontrado en los procesos electorales una fuente de contratos millonarios.
Y aquí está el verdadero fondo del asunto, porque no basta con vigilar quién financia las campañas, también es indispensable investigar quién cobra por organizar las elecciones, cómo obtiene esos contratos, a dónde termina llegando el dinero y si detrás de distintas razones sociales se esconden los mismos intereses económicos.
La democracia no puede exigir confianza a los ciudadanos y ofrecerles opacidad cuando llega la hora de rendir cuentas. Cada peso destinado a organizar una elección sale de los recursos públicos, y los mexicanos tienen derecho a saber si fue utilizado correctamente.
Si las investigaciones acreditan irregularidades, tendrán que establecerse responsabilidades, sin importar las amistades, padrinazgos y cargos que hayan ocupado los involucrados.
