Baja California llevaba demasiado tiempo acostumbrada a pagar las facturas de su pasado.
Deudas millonarias, infraestructura insuficiente, jóvenes obligados a interrumpir sus estudios y familias que aprendieron a resolver por cuenta propia aquello que las instituciones no alcanzaban a garantizar.
Cinco años después, algunas de esas viejas cuentas comienzan a saldarse.
Marina del Pilar Avila Olmeda llegó a su Quinto Informe con una relación de decisiones que han tocado asuntos largamente pendientes en Baja California: el acceso a la educación, la protección de las familias y las condiciones de vida de quienes menos tienen.
La Beca Corazón de Cimarrón, con más de 47 mil apoyos entregados, duplicará sus recursos para 2027. La Tarjeta Violeta ampliará su cobertura a 130 mil madres autónomas, cuyos hogares encuentran en ese respaldo una oportunidad para salir adelante. Los desayunos calientes de “Pancita llena, corazón contento” alcanzan ya a todas las primarias públicas.
Merece reconocimiento el saneamiento de las finanzas estatales, particularmente la liquidación del adeudo de 2 mil millones de pesos con la UABC y el cumplimiento de obligaciones pendientes con el magisterio.
El gobierno estatal reporta más de 61 mil millones de pesos de inversión pública, con proyectos de gran alcance como la desaladora de Rosarito, el puerto de Punta Colonet, el Viaducto Elevado de Tijuana y las conexiones hacia Otay II, cuya trascendencia dependerá también de su conclusión y funcionamiento.
Mención especial merece la coordinación con el Gobierno Federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los ayuntamientos del Estado, que ha permitido articular esfuerzos en distintos frentes.
Y Tijuana es la que mejor ejemplo ofrece de esa colaboración, con proyectos como el Parque Esperanto, la rehabilitación del Centro de Alto Rendimiento y la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que recibe a más de 3 mil estudiantes en la Zona Este, siendo acciones que involucran distintas responsabilidades institucionales y atienden necesidades de la ciudad.
Volviendo al estado en seguridad, la propuesta de permitir la jubilación policial después de veinticinco años de servicio representa un reconocimiento necesario para quienes han dedicado su vida a proteger a los demás, aunque su aplicación todavía requiere aprobación legislativa.
En política, las palabras encuentran su verdadero peso cuando pueden contrastarse con los hechos. José Martí lo escribió con una sencillez difícil de superar: “La mejor manera de decir es hacer”.
La reducción de la pobreza, que según las cifras presentadas pasó de 13.4 a 9.9 por ciento entre 2022 y 2024, añade un elemento relevante al balance de la administración, aunque persisten necesidades que exigen atención y continuidad.
Mientras tanto, Marina del Pilar entra al último tramo de su administración con programas sociales ampliados, obligaciones financieras atendidas y proyectos estratégicos cuya conclusión marcará buena parte de la agenda estatal.
Y ya “curada de espanto”, como se dice coloquialmente, Baja California conoce demasiado bien el costo de las promesas incumplidas.
Sus habitantes sabrán distinguir, con el paso de los años, entre las obras que cambiaron su vida y aquellas que nunca abandonaron el papel.
La historia no suele guardar memoria de los discursos, sino de aquello que permanece cuando sus protagonistas han dejado el poder.
