Durante años, nuestro país figuró entre las naciones con mayor número de menores afectados por el sobrepeso y la obesidad.
Hoy, el Atlas Mundial de la Obesidad 2026 lo coloca en el octavo lugar, con 13 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 19 años que enfrentan alguna de estas condiciones.
Aunque la cifra continúa siendo considerable, también existe una transformación importante en la manera de atender un problema que durante décadas avanzó prácticamente sin resistencia.
La introducción de los sellos negros en los alimentos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador representó un cambio en la relación entre consumidores e industria alimentaria.
Millones de familias comenzaron a identificar con mayor facilidad los productos con exceso de azúcares, grasas y sodio, mientras las restricciones a la publicidad dirigida a menores pusieron límites a estrategias comerciales que habían acompañado a generaciones enteras.
Para reforzar la medida, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a ese esfuerzo con la prohibición de vender comida chatarra en las escuelas, una medida que apuesta por construir hábitos saludables desde la infancia y convertir los planteles educativos en espacios de prevención.
Y lo más alentador es que México ha comenzado a construir una política de prevención que reconoce la importancia de intervenir desde los primeros años de vida.
Por lo pronto, los avances institucionales son importantes y su continuidad permitirá que las nuevas generaciones crezcan con mayor información, mejores hábitos alimenticios y una cultura de salud que durante mucho tiempo estuvo ausente de las prioridades nacionales.
“Más vale tarde que nunca”, dice el refrán popular, y aunque la batalla contra la obesidad infantil todavía tiene muchos capítulos por delante, México ha comenzado a tomar decisiones que pueden cambiar la historia de millones de niños.
