Para muchos políticos mexicanos, tener una visa estadounidense es casi una necesidad.
Les permite viajar, atender asuntos personales y cruzar la frontera sin mayores complicaciones.
Perderla puede representar un problema, pero intentar recuperarla a cualquier precio, especialmente cuando se ocupa un cargo público, es un asunto que merece toda la atención.
Una investigación de The New York Times sobre lo ocurrido en Chihuahua ha despertado precisamente esa preocupación.
El periódico documentó el caso de Guillermo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, quien presuntamente colaboró durante más de seis meses con agentes de la CIA, facilitándoles contactos con policías estatales y su participación en actividades de seguridad dentro de territorio mexicano.
Según el periódico estadounidense, esa colaboración le habría permitido recuperar la visa que anteriormente le habían retirado por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
El asunto es bastante serio, especialmente por lo que significa permitir que agentes extranjeros intervengan en cuestiones de seguridad nacional mediante acuerdos que no pasan por las autoridades correspondientes.
Estados Unidos siempre ha tenido una enorme influencia en América Latina, aunque con Donald Trump la cancelación de visas parece haberse convertido en una herramienta de presión política que merece mayor atención.
Washington puede retirar estos documentos sin hacer públicas las razones y, como muestra la investigación, su eventual restitución también puede prestarse a negociaciones.
México necesita colaborar con su vecino del norte para combatir al crimen organizado. Compartir inteligencia, coordinar investigaciones y perseguir delincuentes son tareas indispensables, pero ninguna justifica que un funcionario actúe por su cuenta y comprometa información que pertenece a las instituciones mexicanas.
Lo sucedido en Chihuahua, de confirmarse en los términos publicados, tendría que servir para revisar los límites de la cooperación con Estados Unidos y evitar que los intereses personales terminen comprometiendo asuntos nacionales.
A fin de cuentas, una visa puede ser muy importante para quien la necesita, pero ningún funcionario debería olvidar que la confianza de un país vale muchísimo más que el permiso para cruzar una frontera.
