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TINTA DE LA CASA
Agua de regreso y reglas claras
Luego de que varias colonias de Tijuana enfrentaran un corte imprevisto de agua, provocado por un deslave que dañó parte del acueducto Florido-Aguaje, la CESPT tuvo que reaccionar contra el reloj para controlar el escurrimiento, evaluar los daños y reparar la infraestructura.
Al acudir al sitio, la directora de la paraestatal, Mónica Vega, recibió un informe según el cual las primeras estimaciones contemplaban un plazo mayor para concluir la reparación; sin embargo, las cuadrillas lograron avanzar antes de lo previsto y el servicio comenzó a restablecerse desde ayer domingo, reduciendo considerablemente el tiempo de afectación para cientos de miles de usuarios.
Pero la situación alcanzó su momento de mayor tensión mediática, cuando el senador con licencia Armando Ayala Robles acudió el pasado viernes a las oficinas centrales de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, acompañado por alrededor de 20 personas, con el propósito de gestionar la atención de quejas relacionadas con el servicio de agua.
La visita terminó poniendo a Mónica Vega en una posición incómoda.
No era un adversario político ni un desconocido, sino un compañero del mismo movimiento que, además, busca la candidatura a un cargo de elección popular.
Atenderlo bajo las condiciones que solicitaba podía interpretarse como una ventaja frente a otros contendientes; negarse, en cambio, implicaba marcarle un límite a alguien de casa.
Vega optó por lo segundo y explicó que ningún programa social puede utilizarse para beneficiar a un aspirante, al recordar que las acciones de gobierno deben mantenerse al margen de cualquier promoción político-electoral.
“Hay que conocer la ley electoral; si yo hubiera atendido bajo las condiciones que el senador estaba exigiendo, hubiera vulnerado esta situación por poner en desventaja a quienes están compitiendo con él”, sostuvo.
La decisión de la directora de la CESPT no era menor, porque resulta sencillo pedir neutralidad cuando enfrente está un adversario, pero hacerlo con alguien del propio movimiento suele ser bastante más incómodo.
Aun así, Mónica Vega dejó claro que Armando Ayala podía ser atendido como cualquier ciudadano, pero no bajo condiciones que pudieran traducirse en una ventaja política.
Al final, la semana terminó colocándola frente a dos problemas muy distintos. El más importante exigía decisiones técnicas y trabajo contra el reloj para devolver el agua a la ciudad; el otro, criterio político para poner límites dentro de su propio movimiento.
En ambos casos optó por proteger la institución antes que la conveniencia del momento.
Reparar un acueducto exige maquinaria, trabajo arduo y tiempo, pero sostener la neutralidad de una institución dependerá siempre de una decisión clara e inteligente.

¿Retenida, retirada o revocada? El “tiro” de Montserrat y ZETA
Mientras Estados Unidos vive bajo la paranoia de la diarrea explosiva, cortesía de miles de lechugas malas de Malolandia, infiltradas con la astucia troyana de Odiseo en cocinas veggie y sucursales de Taco Bell, enriqueciendo todavía más a los fabricantes del osito cha-cha-cha Charmin y del Neosporin, Montserrat Caballero, ahora coordinadora del PT en Baja California, tiene por el momento prohibida la entrada al país más poderoso del mundo y no puede cruzar ni siquiera para pasar por unas hamburguesas de In-N-Out y pedir el combo uno. Y esa es la única realidad.
Pero ya entrados en gastos, y que si ya no la tiene por esto o por aquello, la exalcaldesa eligió un monólogo a través de Facebook Live para explicar si fue retenida, retirada o revocada.
Y es que ZETA, en su edición del pasado viernes, sostuvo que la visa de la exalcaldesa de Tijuana habría sido revocada y no únicamente retenida, como afirmó inicialmente Caballero.
En sus redes sociales, ella respondió que la cancelación de su documento no obedecería a investigaciones en Estados Unidos, sino a que actualmente tramita la residencia y, eventualmente, la ciudadanía estadounidense.
Según su versión, la revocación forma parte del mismo procedimiento migratorio. “El punto es que no tengo la visa; utilicen la palabra que quieran”, sostuvo.
Caballero incluso trasladó el asunto a sus seguidores. “¿Qué valoras más en un personaje público: que explique sus decisiones o que las mantenga en el ámbito privado?”, preguntó.
“Hablar de frente también implica explicar las decisiones personales cuando éstas se convierten en tema de interés público”, dijo, al señalar que decidió explicar su situación sin convertir un asunto personal en el centro de su actividad pública, pues su responsabilidad sigue siendo trabajar por Baja California.
La exalcaldesa también sostuvo que, si existiera una investigación seria por delitos como lavado de dinero o huachicol, ejemplos mencionados por ella misma, Washington le rechazaría directamente su proceso de residencia.

Precisamente la comunicación política tiene esa rara costumbre de convertir una explicación en dos conversaciones distintas: una sobre los hechos y otra sobre la forma de contarlos. A veces ambas coinciden… otras, simplemente, avanzan por carriles distintos.
Y así, mientras ZETA sostiene una versión y Montserrat Caballero otra, todo quedó estacionado entre expedientes migratorios y definiciones del diccionario.
Con el tiempo habrá documentos que confirmen una u otra versión. Cuestión de días.