TINTA DE LA CASA

Como resultado, el Estado está generando empleo formal a un ritmo que sobresale en México.

Y para nada es un asunto menor, porque en una entidad donde cada decisión económica de California, cada movimiento del dólar y cada cambio en la industria estadounidense pueden sentirse de este lado de la frontera, mantener capacidad para incorporar trabajadores a la formalidad habla de una estructura productiva que sigue teniendo músculo.

Los 70 mil 993 puestos adicionales registrados en el IMSS durante el año, y el crecimiento anual de 7 por ciento, permiten dimensionarlo.

Y más revelador todavía resulta que Baja California haya concentrado 21.7 por ciento de los nuevos empleos formales generados en todo el país durante ese periodo.

Hay que repartir correctamente los créditos, donde el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda, en conjunto con empresas, trabajadores, inversión acumulada durante décadas y una posición geográfica privilegiada, han hecho sinergia para poder llegar a estos números.

Así que hoy podemos sostener que Baja California continúa siendo un territorio donde las empresas encuentran razones para contratar, por lo que preservar esa confianza es quizá más importante que presumir.

Sin embargo, y volviendo a las estadísticas, el verdadero valor de estas cifras está fuera de las oficinas gubernamentales, porque cada alta ante el IMSS significa un trabajador incorporado a la seguridad social y, potencialmente, una familia con mayor estabilidad.

Ahí debería concentrarse la siguiente conversación económica del Estado.

Baja California ya está demostrando capacidad para producir empleos, por lo que ahora necesita que ese dinamismo empuje mejores salarios, mayor productividad y movilidad social, porque la región cuenta con algo más valioso que una buena estadística, y esto reside en la oportunidad de convertir este momento en una nueva etapa de prosperidad y completa estabilidad social.

Sí, algunos comenzaron a construirse durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y otros forman parte del esfuerzo actual, pero juntos permiten observar que la continuidad también puede ser una virtud cuando se trata de infraestructura que el país necesita.

El número llegó precisamente este domingo, durante la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero, Tamaulipas, una obra que atenderá a más de medio millón de personas sin seguridad social. Ahí Sheinbaum dejó una frase que resume bien el tamaño del desafío: “Lo público se defiende haciéndolo funcionar”.

En México nos acostumbramos demasiado a que cada cambio de gobierno significaba no sólo nuevos logos, colores y anuncios institucionales, sino comenzar nuevamente todo, y eso implicaba abandonar proyectos anteriores o cambiarles hasta el nombre para colocarles una nueva paternidad política.

Y es que concluir hospitales heredados, ponerlos en funcionamiento y ampliar la infraestructura existente debería verse, antes que como propaganda, como una obligación básica del Estado.

Es ahí donde la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad importante.

La intención de avanzar hacia un servicio universal de salud puede convertirse en uno de los proyectos sociales más importantes del sexenio, pero también será uno de los más difíciles.

Integrar un sistema históricamente fragmentado requiere presupuesto, administración y resultados que puedan medirse más allá del número de edificios entregados.

Los 32 hospitales son, entonces, una buena señal, pero todavía no una victoria definitiva.

La diferencia entre construir infraestructura y reconstruir un sistema de salud estará en lo que ocurra dentro de esos edificios.

Si Sheinbaum consigue que lo público no solamente sea más grande, sino también más eficiente, digno y confiable, habrá conseguido que millones de mexicanos vuelvan a confiar en el hospital público cuando más lo necesitan.

Y la cosa pinta por muy buen camino.