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TINTA DE LA CASA
Resolviendo una deuda de 20 años
Durante veinte años, las familias de Valle Dorado tuvieron que vivir sin una red de alcantarillado sanitario.
Para quienes observan una obra pública desde fuera, puede parecer un dato más, pero para quienes viven ahí, significa haber pasado dos décadas resolviendo como podían una necesidad que debió atenderse mucho antes.
Ahora esa historia empieza a cambiar con la construcción de la red que impulsa la CESPT y que beneficiará a cerca de 800 familias, más de 3 mil personas, con mejores condiciones sanitarias y mayor tranquilidad dentro de sus hogares.
La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y la directora de la CESPT, Mónica Vega, supervisaron los trabajos junto con habitantes de la zona, en una visita donde el valor real de la obra estaba justamente en escuchar a quienes llevaban años esperando que alguien volteara hacia esta colonia y resolviera un problema que formaba parte de su vida diaria.
No hay manera de maquillar el dato, pero también sería injusto ignorar que hoy existe una respuesta concreta y que esa respuesta tendrá consecuencias muy reales para cientos de familias.
Ahí es donde el trabajo de Mónica Vega al frente de la CESPT comienza a adquirir sentido más allá de los discursos institucionales.
Una dependencia de agua y saneamiento se mide, al final, por su capacidad de llegar a las colonias donde todavía existen rezagos y convertir presupuestos, proyectos y tuberías en algo tan sencillo como abrir una puerta y saber que en casa ya existe un servicio digno.
Para las familias de Valle Dorado esto no se reduce a una obra terminada ni a una cifra dentro de un informe, simple y sencillamente significa dejar atrás una carencia con la que aprendieron a vivir durante demasiado tiempo y recuperar algo tan básico como la certeza de que su colonia también está siendo atendida.
La factura de la política
En 2027 no habrá elección presidencial, pero la política mexicana volverá a mover una cifra difícil de ignorar, con un total de 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos de financiamiento público para partidos y candidaturas independientes.
El monto no surge de una decisión discrecional del INE, sino de una fórmula constitucional que la autoridad electoral debe aplicar.
Por eso la discusión más que centrarse únicamente en cuánto recibirán los partidos, se debe encausar en el modelo vigente sigue respondiendo a las necesidades del país.
Casi 7 mil 879 millones de pesos serán destinados a actividades ordinarias, mientras que otros 2 mil 363 millones se reservarán para campañas. Las candidaturas independientes contarán con una bolsa adicional de 47.2 millones de pesos.
El financiamiento público tiene una lógica defendible, como lo es el reducir la dependencia de intereses privados y evitar que la competencia electoral quede condicionada por empresarios, grupos económicos o recursos de origen incierto.
Sin embargo, el problema aparece cuando el costo del sistema sigue creciendo mientras la percepción ciudadana sobre los partidos, su representatividad y cercanía continúa deteriorándose.
Reducir drásticamente esos recursos podría abrir más espacio al dinero privado o ilegal, pero mantener intacto un modelo cada vez más costoso tampoco debería aceptarse sin discusión.
La llegada de nuevos partidos vuelve más visible el dilema. Paz y Somos México recibirán alrededor de 157.5 millones de pesos cada uno para actividades ordinarias. La ley lo permite, pero también obliga a preguntarse si el respaldo ciudadano exigido para acceder a recursos públicos es suficiente.
La discusión de fondo no es solamente cuánto reciben los partidos, sino qué se les exige a cambio, qué resultados producen y qué controles garantizan que ese dinero fortalezca realmente la democracia.
Los 10 mil 842 millones pueden estar correctamente calculados y distribuidos conforme a la Constitución.
Eso no resuelve la pregunta principal, en la que millones se preguntan sobre si la política mexicana cuesta esa cantidad, también tendría que explicar con claridad qué obtiene el ciudadano a cambio.