CDMX.— La presidenta Claudia Sheinbaum puso en entredicho la consigna “El INE no se toca”, utilizada durante las movilizaciones en defensa del Instituto Nacional Electoral, al señalar que detrás de aquella campaña pudo existir el interés de proteger una red de empresas beneficiadas con contratos millonarios para suministrar materiales electorales.
Durante su conferencia matutina de este viernes 6 de noviembre, la mandataria cuestionó directamente al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, por haber permitido, según sus señalamientos, que un grupo reducido de compañías mantuviera relaciones comerciales con organismos electorales durante varios años.
“El INE sí se tiene que sanear. A lo mejor decían: ‘El INE no se toca’ para poder guardar toda esta mafia electoral que se construyó con ellos”, declaró desde Palacio Nacional.
Las críticas surgieron en medio de las investigaciones sobre empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, señaladas por presuntas irregularidades en contrataciones relacionadas con la organización de elecciones.
Sheinbaum sostuvo que Córdova conocía la concentración de proveedores que operaban tanto con el INE como con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), sin que durante su gestión se adoptaran medidas suficientes para revisar esa situación.
La presidenta retomó declaraciones recientes del exconsejero, quien reconoció conocer la existencia de compañías que participaban recurrentemente en las contrataciones de los organismos electorales estatales.
“Él lo reconoce. Estuvo nueve años sabiendo que los organismos estatales que organizaban elecciones contrataban solamente a unas cuantas empresas y él también las contrató”, expresó.
Sheinbaum también rechazó que toda la responsabilidad sobre la concentración de proveedores correspondiera a la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Argumentó que, desde la reforma electoral de 2014, el Consejo General del INE adquirió facultades para designar a los consejeros de los organismos electorales estatales y establecer determinados lineamientos administrativos.
La controversia adquirió mayor dimensión después de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revelara que seis empresas vinculadas con José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025, mediante operaciones con el INE y organismos electorales locales.
De acuerdo con la información presentada por la dependencia, algunas compañías presuntamente compartían domicilios y teléfonos, además de participar en procedimientos que habrían simulado condiciones de competencia.
Por su parte, Lorenzo Córdova rechazó las acusaciones y aseguró que su administración, comprendida entre 2014 y 2023, ya fue sometida a revisiones de las autoridades fiscalizadoras. El exconsejero manifestó que no teme nuevas auditorías y cuestionó que se pretenda atribuirle responsabilidad por irregularidades detectadas posteriormentE.
Sheinbaum insistió en que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y a las autoridades ministeriales determinar si existen responsabilidades administrativas o penales, tanto en las gestiones anteriores como en la actual administración del instituto.
La mandataria también planteó fortalecer Talleres Gráficos de México para ampliar la producción pública de materiales electorales y reducir la dependencia de proveedores privados.
