El recurso de emergencia fue presentado el miércoles 21 de octubre por el Departamento de Justicia, que busca suspender la orden judicial emitida el pasado 2 de octubre. La administración sostiene que las restricciones impuestas por el tribunal limitan su capacidad para reforzar la seguridad en la frontera sur.
El proyecto, valuado en mil 700 millones de dólares, contempla barreras físicas, caminos de patrullaje y sistemas de vigilancia, como cámaras y sensores. La administración argumenta que estas instalaciones ayudarían a frenar los cruces migratorios irregulares, combatir el tráfico de drogas y evitar que grupos criminales aprovechen la región para sus operaciones.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), entre 2021 y 2025 se registraron más de 89 mil detenciones de migrantes en el sector de Big Bend. El gobierno también reportó decomisos de distintas drogas en esa zona.
Sin embargo, el proyecto enfrenta la oposición de organizaciones ambientalistas, defensores de un sitio histórico y representantes del sector turístico local, quienes advierten que las obras podrían afectar hábitats naturales, especies amenazadas, sitios arqueológicos y actividades recreativas vinculadas al río Bravo.
La región de Big Bend alberga más de 324 mil hectáreas de tierras protegidas y es reconocida por su diversidad natural y su importancia histórica. Los opositores también cuestionan que se justifique una infraestructura de esta magnitud en un sector que registra menos detenciones migratorias que otras partes de la frontera sur.
La controversia se centra, además, en las exenciones autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional, que permiten avanzar con las obras sin cumplir determinados requisitos de leyes ambientales y de protección del patrimonio histórico.
La jueza federal Kathleen Cardone ordenó detener los trabajos al considerar que existen fundamentos para cuestionar si el gobierno tenía facultades suficientes para aplicar esas exenciones en la región. Los demandantes sostienen que la administración pudo exceder su autoridad legal al dejar de lado las protecciones vigentes.
En su recurso ante la Corte Suprema, el gobierno de Trump argumentó que la legislación federal otorga al secretario de Seguridad Nacional amplias facultades para eximir proyectos fronterizos de requisitos legales que retrasen su construcción. También señaló que mantener las obras suspendidas genera costos de aproximadamente 460 mil dólares diarios.
La Corte Suprema deberá determinar si concede la solicitud para levantar la suspensión mientras continúa la disputa judicial. Hasta que exista una resolución que modifique la orden vigente, las obras permanecen detenidas.
